La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expuso que en México sigue estancada la pobreza y persiste la desigualdad. Bajo el argumento 16 de cada 100 mexicanos tienen un ingreso que los mantiene debajo de la línea de pobreza, la cuarta proporción más elevada entre los países que lo integran.
Cabe resaltar que en las mediciones nacionales, 40 de cada 100 personas no pueden comprar con su salario una canasta básica de consumo, se externó. También se informó que, en México 20% de los ciudadanos que se encuentra en la parte más alta de la pirámide del ingreso en el país gana 10 veces más que aquellos que están en el opuesto, en el 20% de la base.
Puntualizando que las políticas monetaria y fiscal, determinadas por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda, respectivamente, “no están respaldando el crecimiento económico”.
Por lo que se propuso reforzar “el gasto social en programas para erradicar la pobreza extrema, como Prospera, lo cual debería ser también una prioridad en el futuro. La simplificación de los procedimientos administrativos para poder acceder a las transferencias sociales y el apoyo a la labor de los trabajadores sociales con familias marginadas, sobre todo en zonas remotas del sur, son también aspectos cruciales para resolver la pobreza extrema”, planteó.
A propósito de la recomendación, se debe mencionar que en noviembre de 2016, José Antonio Meade Kuribeña, al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propuso a la Cámara de Diputados un recorte por 81 mil 380 millones de pesos a los programas sociales, equivalente al 38% del ajuste contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.
Ante esta situación, la organización GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C. (GESOC) entregó los diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, un estudio en el que denuncia que ese recorte es “significativo” y no se apega a criterios de desempeño y transparencia.
Señalando que, “vulnera aún más los derechos sociales de las poblaciones más pobres del país y no logra el objetivo de reducir el riesgo del uso electoral de esos recursos”. Entre los programas con “niveles de desempeño destacado” que Hacienda decidió recortar destacan el Seguro de Vida para las Jefas de Familia (con un recorte de -98.8%), el Fondo Nacional Emprendedor (con un recorte de -48.2%) y el Seguro Popular (con -8.9%).
Por su parte Alejandro González Arreola, director General de GESOC, denunció que “el Gobierno Federal propone seguir apoyando 22 programas que mostraron ser opacos y dotarlos con 65 mil 067 millones de pesos para el próximo año, por lo que recomendó a la Cámara de Diputados no incrementar su presupuesto y endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas”.
Entre los programas que se encuentran en este rubro destacaron: el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La organización presentó recomendaciones concretas a la Cámara de Diputados, entre las que se puntualizó endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas para los 22 programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño, y a los cuales la SHCP propone una asignación de 65 mil 067 millones de pesos.
Entre los programas que se encuentran en este rubro destacan: el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
También exigió al Ejecutivo Federal una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión, así como reorientar el Gasto Social Federal hacia los programas dirigidos a los sectores más vulnerables.
González Arreola señaló que con base en la compleja situación macroeconómica que atraviesa el país y el potencial crecimiento de población en condiciones en pobreza, los recursos deben orientarse y evitar que la toma de decisiones se sustente en criterios de índole política.
Sin embargo, lo expuesto por la OCDE, es parte de las consecuencias que produjo el inminente abandono en que dejó Enrique Peña Nieto dejó a la población más vulnerable del país, después de hacer un recorte en el presupuesto de 2016 de 9 mil 292 millones de pesos a diferentes programas administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Lo cual equivalió a 8.6% de las partidas de la Sedesol destinadas a los subsidios, esto, señaló Proceso, contradijo el mensaje que Peña Nieto dirigido a la nación en enero pasado, tras varios días de protestas y saqueos por el gasolinazo en varias entidades, en ese momento argumentó que “mantener un precio artificial de la gasolina equivaldría a suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos”. Sin embargo, no mencionó que para 2017 su administración finalmente recortó 5 mil 454 millones de pesos del presupuesto de ese programa, es decir, 9.1%.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) valorar dos objetivos “primordiales” al diseñar el gasto social para 2017: reducir la pobreza, especialmente la extrema, e incrementar el “acceso efectivo a los derechos sociales”. Pero, de acuerdo a la OCDE no sucedió y por el contrario, señala a la Secretaría de Hacienda, junto a Banxico como elementos importantes para que tanto la pobreza como la desigualdad del país se mantengan.